La Alcaldesa del Municipio Piar Upata en el estado Bolívar, Yuliusbeth García conocida como “La Tata” y su vinculo con Rony Matón, un entramado que sostiene las operaciones del denominado Tren de Guayana en las minas de Venezuela
NOTICIAS LOCALES. Upata, estado Bolívar
La expansión de las organizaciones criminales vinculadas con la minería en el estado Bolívar vuelve a colocar bajo cuestionamiento las presuntas relaciones entre estructuras delictivas, intereses económicos y sectores del poder político regional. Entre los señalamientos más graves aparecen los dirigidos contra la alcaldesa de Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar; Yulisbeth García, conocida como “La Tata”, y Ronny Matón, a quienes distintas denuncias vinculan con el entramado que sostiene las operaciones del denominado Tren de Guayana.
Las acusaciones describen un negocio que tendría como una de sus principales fuentes de ingresos el cobro de la llamada “causa” o “vacuna” a los molinos dedicados al procesamiento del material aurífero. Según esas versiones, cada molino estaría obligado a entregar diez gramos de oro. Los denunciantes calculan la existencia de unos 6.500 molinos, por lo que, de ser correctas ambas cifras y aplicarse el cobro a todos ellos, el volumen ascendería a unos 65 kilos de oro por ronda de cobro.
A esa fuente de ingresos se sumarían porcentajes exigidos a las recuperadoras de arenas auríferas y el negocio del mercurio, un insumo esencial para determinados procesos artesanales de extracción de oro. Las denuncias sostienen que su comercialización estaría controlada y que el producto se vendería a cambio de doce gramos de oro por kilogramo, dentro de un circuito restringido a quienes dominan ese mercado.
Es en ese contexto donde adquiere relevancia el Tren de Guayana, considerado uno de los grupos criminales con mayor trayectoria dentro del escenario minero de Bolívar. La organización habría aprovechado sus presuntos vínculos con funcionarios y cuerpos de seguridad para desplazar a grupos rivales y extender progresivamente su influencia sobre territorios estratégicos para la explotación aurífera.
Los antecedentes del Tren de Guayana se remontan a 2007, cuando comenzó a operar como una banda urbana en el sector Vista al Sol de San Félix. Con el paso de los años, su radio de acción habría dejado de limitarse al entorno urbano para avanzar hacia un negocio considerablemente más rentable: el control de territorios mineros.
Uno de los principales objetivos de esa expansión fue El Callao, población del sur de Bolívar históricamente asociada con importantes yacimientos de oro. Alcanzar el dominio de ese territorio, sin embargo, implicó una prolongada disputa con otras organizaciones que ya controlaban la actividad criminal de la zona.
Durante aproximadamente dos años, el Tren de Guayana mantuvo enfrentamientos con el Sindicato del Perú, también identificado como la banda de Toto y Zacarías, organización que había ejercido el control de la zona. A esa confrontación se sumó la disputa con la denominada Organización R, otro grupo que pretendía penetrar en el enclave minero.
La lucha, por tanto, no se reducía al control territorial. Detrás de cada enfrentamiento estaba el acceso a una economía alimentada por el oro: minas, molinos, recuperación de arenas auríferas, comercialización de insumos y cobros impuestos a quienes participan directa o indirectamente en la actividad.
Mineros, antiguos trabajadores de empresas del sector y habitantes de poblaciones mineras consultados por InSight Crime han planteado que el avance del Tren de Guayana no podría explicarse únicamente por su capacidad armada. Sus testimonios apuntan a presuntas alianzas con integrantes de los cuerpos de seguridad y sectores vinculados al poder político, relaciones que habrían facilitado el desplazamiento de organizaciones rivales y despejado el camino para consolidar su dominio sobre El Callao.
Es precisamente allí donde las acusaciones contra Yulisbeth García, “La Tata”, adquieren mayor peso dentro de este relato. Las denuncias no la presentan simplemente como una autoridad política que gobierna un territorio afectado por organizaciones criminales, sino que la señalan, junto con Ronny Matón, como parte del entramado de poder que presuntamente permitiría sostener y administrar los intereses económicos vinculados con esas estructuras.
Bajo esa perspectiva, combatir las bandas que operan en las zonas mineras de Bolívar no consistiría solamente en detener a sus integrantes o desplazar a una organización para que otra ocupe su territorio. El verdadero problema estaría en determinar qué estructuras económicas y relaciones de poder permiten que estos grupos sobrevivan, se transformen y continúen explotando el negocio aurífero incluso después de años de enfrentamientos.
El caso de El Callao resulta representativo: cambió la organización que dominaba el territorio, pero permanecieron el oro, los molinos, los cobros y la disputa por controlar cada eslabón de esa economía. Las acusaciones contra García y otros actores políticos agregan una interrogante todavía más delicada: si detrás del poder visible de las bandas existe una estructura superior que facilita su permanencia, desmantelar a los grupos armados sin tocar esas presuntas conexiones significaría cambiar a quienes controlan el negocio, pero no acabar con el sistema que los mantiene.
El Tren de Guayana; sus tentáculos con organizaciones criminales y terroristas
Entre los grupos criminales que denuncia el informe de Transparencia Venezuela por sus vínculos con funcionarios militares venezolanos, destaca el Tren de Guayana (TdG), conocido por el tráfico de oro, drogas, extorsiones y su potente arsenal. La organización, fundada alrededor de 2010 en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, se expandió posteriormente a las zonas mineras de la región.
El grupo fue creado por Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias Gordo Bayón, junto con su mano derecha, Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, conocido como Capitán. A pesar de que pesaban sobre él acusaciones de asesinato, Gordo Bayón trabajaba formalmente para la empresa siderúrgica estatal del Orinoco (Sidor) y tenía contactos con figuras políticas influyentes. Tras varios arrestos y liberaciones, fue asesinado en 2014 en Caracas.
La banda está actualmente dirigida por Ronny Yackson Colomé Cruz, alias Ronny Matón, con Santos José Ordinola Martínez, conocido como Cabezón, como segundo al mando, a la cabeza del sector urbano del grupo y miembro de las milicias chavistas Colectivo Simón Bolívar.
“Sobre el reclutamiento, se supo de la presencia de un exmilitar conocido como alias el Cóndor, quien sería el encargado de captar a los adolescentes y además entrenarlos para así enseñarlos a usar las armas de fuego”, reza el informe.
El Tren de Guayana, una de las bandas más poderosas de Venezuela, ha consolidado su control sobre el pueblo minero de El Callao y se está expandiendo rápidamente hacia otros enclaves mineros en el estado Bolívar.
Gracias a sus presuntas alianzas con el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas de seguridad, ha desplazado a otras organizaciones criminales como el Sindicato del Perú y la Organización R.
Bajo este control, los mineros en El Callao en el estado Bolívar de Venezuela, viven una aparente tranquilidad que tiene un alto precio. Pagan extorsiones al Tren de Guayana para poder trabajar y alimentar a sus familias, mientras el grupo ejerce un control total sobre las actividades mineras, en cooperación con empresas estatales.
Esta situación refleja cómo el crimen organizado y el poder político pueden entrelazarse, creando un gobierno paralelo que afecta directamente a las comunidades más vulnerables.
El general Julio César Fuentes Manzulli y los señalamientos sobre el gobierno de Rangel Gómez
Según una declaración de un delator de las fuerzas de seguridad, cuando se encontraba bajo el mando de su anterior líder, el Tren de Guayana era uno de varios sindicatos que gozaban de la protección del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Después de que Rangel Gómez saliera de la gobernación en 2017, quedó en el limbo cualquier continuación de las relaciones entre el gobierno local y el grupo. El Capitán fue asesinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y el grupo sufrió ataques esporádicos de las fuerzas de seguridad en El Callao.
Según informes de exoficiales disidentes de la agencia de inteligencia venezolana SEBIN y del Ejército, el TdG recibió apoyo de funcionarios del gobierno de Bolívar, en particular del general Julio César Fuentes Manzulli, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar en la gestión de Francisco Rangel Gómez. Manzulli facilitó el control del TdG sobre algunas minas de oro en Guasipati y El Callao, municipios del estado Bolívar.
