La intervención estadounidense en Las Claritas desplazó a quienes durante años controlaron uno de los territorios auríferos más importantes de Venezuela. Sin embargo, las minas continuaron produciendo, las extorsiones no desaparecieron y el negocio del oro siguió funcionando. En medio de este nuevo reparto del poder permanecen nombres que conectan el pasado con el presente: Francisco Rangel Gómez y su heredera política, la actual gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, “La Tata”.
Una intervención que prometía cambiarlo todo
NOTICIAS EN EL MUNDO. El Callao, Venezuela
Tres explosiones hicieron vibrar las viviendas de Las Claritas-Kilómetro 88 el 9 de junio de 2026. La incursión de fuerzas estadounidenses en uno de los principales territorios auríferos del sur de Venezuela parecía anunciar una ruptura con el entramado criminal que durante años había impuesto sus propias reglas alrededor de las minas. El contexto alimentaba todavía más esa expectativa: la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, y la presunta ejecución de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, hacían pensar que también comenzaría a desmontarse el ecosistema criminal instalado en el sur del estado Bolívar.
Durante más de una década, el llamado “Sistema”, relacionado con Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Negro Juancho, y Yohan José Romero, Johan Petrica o El Viejo, había conseguido ejercer un poder que sobrepasaba ampliamente el control de las minas. La organización dominaba comercios, condicionaba la actividad de los hoteles, imponía pagos y sometía a la población mediante violencia y miedo. En una zona donde la presencia institucional era débil, las estructuras armadas habían terminado imponiendo un orden propio.
La intervención modificó ese escenario. El “Sistema” dejó de ejercer el mismo control sobre Las Claritas y los militares ocuparon el espacio. Efectivos del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO) comenzaron a recorrer las calles en caravanas de 15, 20 y hasta 25 motocicletas, convirtiéndose en la nueva presencia dominante del territorio. Lo que parecía una recuperación de la autoridad estatal, sin embargo, comenzó rápidamente a mostrar otra realidad.
Poco después de la intervención, trabajadores de las minas fueron convocados a una reunión. Según uno de los testimonios recogidos, un capitán de la Fuerza Armada les comunicó que debían continuar trabajando sin descanso porque había que producir “como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez”. La frase resultaba reveladora: quienes controlaban el territorio habían cambiado, pero la actividad económica que alimentaba el sistema no podía detenerse.
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Del “Sistema” al control militar
La salida del antiguo grupo armado tampoco significó el final de los abusos denunciados por la población. Comerciantes, compradores de oro y habitantes comenzaron a señalar extorsiones y despojos atribuidos ahora a funcionarios militares. Un residente relató que uniformados detuvieron incluso a un hombre con discapacidad dedicado a recoger basura, le quitaron ocho puntos de oro —menos de un gramo— y posteriormente lo golpearon.
El malestar llegó a tal punto que entre el 24 y el 25 de junio habitantes de Las Claritas cerraron la Troncal 10, principal carretera que conecta el sur de Venezuela con Brasil, para exigir seguridad y protestar por la actuación de los uniformados. Según los testimonios recogidos posteriormente, la protesta no produjo un cambio sustancial. La extorsión continuó, aunque quienes la ejercían ya no eran necesariamente los mismos.
También aparecieron denuncias de militares que se habrían apropiado de sacos de arenas auríferas abandonados por integrantes del “Sistema” para procesarlos y extraer el oro. Uno de los habitantes describió a un capitán que supuestamente cambiaba diariamente entre 5.000 y 6.000 dólares en efectivo y utilizaba a otra persona para convertirlos en USDT y enviarlos posteriormente a Puerto Ordaz. El testimonio no determina el origen de ese dinero, pero plantea una pregunta inevitable sobre quién comenzó a beneficiarse de la actividad después de la intervención.
Una fuente consultada durante la primera semana de septiembre resumió el nuevo escenario con una expresión muy conocida en Venezuela: seguía la matraca, pero ahora era la de los funcionarios. El “Sistema” había perdido el control directo de Las Claritas, pero los habitantes continuaban denunciando cobros y extorsiones.
En el propio mundo criminal venezolano existe una expresión para definir esa sustitución: “cambio de gobierno”. No significa necesariamente que desaparezca el negocio ilegal, sino que un grupo pierde el territorio y otro ocupa su lugar manteniendo buena parte de las dinámicas anteriores. Esa definición comienza a explicar lo ocurrido en Las Claritas después del 9 de junio.
Delcy Rodríguez reorganiza el tablero del oro
Mientras los militares ocupaban el espacio dejado por el “Sistema”, Delcy Rodríguez comenzó a mover piezas dentro de las estructuras militares y gubernamentales relacionadas con la minería. Los cambios no se limitaron al control físico de Las Claritas, sino que alcanzaron diferentes niveles de la estructura encargada de administrar la seguridad y la economía vinculadas con el oro.
En marzo, Rodríguez sustituyó al ministro de Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López. Los movimientos también alcanzaron directamente al estado Bolívar. Rafael Prieto Martínez, quien había ejercido como jefe militar en la entidad, pasó a convertirse en la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También hubo modificaciones dentro de la REDI Guayana y de la ZODI Bolívar.
La reorganización alcanzó igualmente las instituciones económicas relacionadas con la actividad minera. Calixto Ortega Sánchez, uno de los hombres cercanos a Rodríguez, pasó a ocupar la Vicepresidencia Sectorial de Economía y Finanzas, despacho del cual depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Allí se encuentra Héctor Silva Hernández, señalado en el material como una pieza de Rodríguez en el sur de Venezuela y quien concentra tres cargos vinculados con la minería. A esa estructura se suma Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela y también titular del recién creado Viceministerio del Oro.
El nuevo mapa permite observar que la intervención no paralizó el aparato relacionado con la extracción y comercialización del oro. Por el contrario, mientras los militares asumían mayor presencia sobre el terreno, desde el poder central se reorganizaban simultáneamente los mandos y organismos vinculados con el sector. Y en el ámbito regional había una figura que permanecía en su lugar: Yulisbeth García, “La Tata”, gobernadora del estado Bolívar.
Francisco Rangel Gómez: los antecedentes del poder minero
Para comprender el papel de La Tata en esta historia hay que retroceder a la etapa de Francisco Rangel Gómez, quien gobernó Bolívar durante trece años. Fue durante su administración cuando comenzaron a consolidarse algunas de las estructuras que posteriormente alcanzarían un enorme poder sobre los territorios mineros.
Al menos desde 2012, el Sindicato de Las Claritas, encabezado por Juancho, ejercía control sobre aquella zona. Cuatro años después, el primer teniente del Ejército Jesús Leonardo Curvelo presentó ante la Asamblea Nacional un informe en el que formuló graves señalamientos sobre las relaciones entre esa estructura y funcionarios regionales. Curvelo señaló directamente al entonces gobernador Francisco Rangel Gómez y a su secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli, general de brigada del Ejército que también había dirigido la Policía de Bolívar.
Según aquella denuncia, Rangel Gómez y Fuentes Manzulli compraban oro y diamantes a Juancho para posteriormente venderlos fuera del país. El señalamiento resulta especialmente relevante dentro de la secuencia histórica porque Juancho no desaparecería del mapa después de la salida de Rangel Gómez de la Gobernación. Por el contrario, seguiría siendo uno de los nombres asociados al control de Las Claritas hasta los acontecimientos de 2026.
Rangel Gómez dejó la Gobernación en 2017, pero las estructuras relacionadas con el control de las zonas mineras sobrevivieron. Después gobernó Justo Noguera Pietri y posteriormente Ángel Marcano. Las fuentes regionales citadas en el material sostienen que los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y poder político llegaron a normalizarse y que la presencia del “Sistema” y otros grupos se consolidó a través de diferentes administraciones. El poder de esa estructura habría alcanzado una mayor dimensión durante el gobierno de Marcano, entre 2021 y 2025.
De Rangel Gómez a Yulisbeth García, “La Tata”
Pero la salida de Francisco Rangel Gómez tampoco significó la desaparición de su influencia política. Una de las dirigentes que creció dentro de aquella estructura terminó llegando años después al principal despacho del estado Bolívar: Yulisbeth García González, La Tata, quien ha reconocido a Rangel Gómez como su “padre político”.
García gobernó el municipio Piar entre 2017 y 2025. Durante ese período, Upata experimentó una transformación vinculada con la economía aurífera. Una ciudad sin la misma tradición minera de los territorios ubicados más al sur terminó convertida en un importante punto para la comercialización del oro. Aparecieron compradores y establecimientos dedicados a recibir, pesar y negociar el metal, mientras la actividad aurífera adquiría una presencia cada vez más visible en la economía local.
El material recoge que García fue señalada durante su etapa como alcaldesa por haber permitido que aquel territorio se convirtiera en una extensión del comercio aurífero y también por presunta participación en negocios relacionados con el contrabando de oro. Esos señalamientos colocan su gestión municipal dentro de la misma historia que años antes había comenzado a desarrollarse en los territorios mineros bajo la administración de su mentor político.
En 2025, La Tata dio el salto definitivo y llegó a la Gobernación de Bolívar. La dirigente que había construido su carrera política bajo la influencia de Rangel Gómez terminó ocupando el mismo despacho desde el cual su mentor gobernó durante trece años. Esa continuidad adquiere ahora un peso particular: después de la captura de Maduro, de la intervención estadounidense, del desplazamiento del “Sistema” en Las Claritas y de la reorganización de los mandos relacionados con el oro, Yulisbeth García continúa al frente del estado Bolívar.
La secuencia política y minera resulta difícil de separar. Durante el gobierno de Rangel Gómez comenzaron a consolidarse estructuras armadas que posteriormente controlarían importantes territorios auríferos. Años después, su heredera política gobernó un municipio que se convirtió en un centro de comercialización del oro y terminó llegando a la Gobernación. Entre ambos períodos cambiaron los gobernadores y crecieron nuevas organizaciones, pero la economía construida alrededor del metal siguió ampliándose.
La Tata Yulisbeth García gobernadora actual del Estado Bolívar en Venezuela; figura, junto al ex-gobernador Franciso Rangel Gómez, entre los principales precursores de la minería ilegal que surgió en Canaima con la llegada del chavismo.
Ellos; permitieron junto a militares corruptos que el bandas criminales como el Tren de Aragua se convirtiera en una especie de gobierno mafioso que controlaba la explotación del oro en el sur de Venezuela. La Tata ha sido figura descollante del chavismo desde su desgraciada aparición en Venezuela. Hoy Es protegida de Diosdado Cabello.
Las bandas tampoco desaparecieron
La intervención de junio tampoco significó el desmantelamiento de las organizaciones criminales en todo el Arco Minero. El operativo se concentró fundamentalmente en Las Claritas-Kilómetro 88, mientras que en El Dorado, Tumeremo y El Callao los grupos continuaron operando, aunque de manera más discreta y con menor exhibición pública.
Entre El Dorado y Guasipati, el control se reparte entre uniformados y organizaciones que llevan años vinculadas con la extracción del oro. El panorama que surge del material no es, por tanto, el de un territorio completamente recuperado por el Estado, sino el de diferentes zonas donde militares y estructuras criminales continúan ejerciendo distintos niveles de poder.
A ello se suma otro elemento: algunos de los principales dirigentes del “Sistema”, entre ellos Juancho y Johan Petrica, habrían abandonado Las Claritas antes de la incursión. Habitantes aseguraron que fueron alertados y huyeron. Testigos dijeron haber visto a miembros de la organización, incluido Juancho, el 8 de junio en Santa Elena de Uairén, cerca de la frontera con Brasil. Al día siguiente comenzó la intervención.
Cuando los militares llegaron, algunos de los hombres que habían controlado el territorio ya no estaban.
Cambió el reparto del poder, no la estructura
Vista en conjunto, la historia adquiere un sentido diferente. La intervención estadounidense modificó quién ejercía directamente el control en Las Claritas, pero no detuvo la actividad que durante años había sostenido aquella estructura. Los antiguos grupos fueron desplazados, los militares ocuparon el territorio y desde el poder central Delcy Rodríguez reorganizó los mandos y organismos relacionados con la minería. Sin embargo, las minas continuaron produciendo y las denuncias de cobros y extorsiones volvieron a aparecer bajo nuevos actores.
Tampoco desaparecieron las conexiones históricas con el poder regional. Francisco Rangel Gómez ya no ocupa la Gobernación, pero su nombre permanece en los antecedentes del negocio aurífero y en las denuncias que lo relacionaron con Juancho, uno de los hombres que posteriormente controlaría Las Claritas. Su heredera política, Yulisbeth García, permanece en el poder como gobernadora después de haber dirigido durante ocho años un municipio transformado por la expansión del comercio del oro.
Ese recorrido permite entender por qué la expresión “cambio de gobierno” resulta tan apropiada para describir lo sucedido. No se trata solamente de quién ocupa formalmente un despacho, sino de quién ejerce el control efectivo sobre un territorio y sobre la riqueza que produce. Durante años fueron organizaciones armadas; después de la intervención, en Las Claritas son los militares quienes tienen la presencia dominante. En otras zonas, las bandas continúan operando. Mientras tanto, el aparato institucional relacionado con el oro se reorganiza desde el poder central y La Tata permanece al frente del estado.
Desde Rangel Gómez hasta Yulisbeth García han cambiado nombres, gobernadores y actores armados. También cambiaron los hombres que patrullan las minas y quienes imponen las reglas sobre determinados territorios. Pero el elemento alrededor del cual gira toda la estructura continúa siendo exactamente el mismo: el oro y el poder que produce su control.
La intervención de 2026 debía marcar una ruptura. Lo que aparece después es mucho más parecido a una reorganización. El “Sistema” perdió Las Claritas, pero las minas siguieron funcionando; los militares ocuparon su lugar y surgieron nuevas denuncias; las bandas permanecieron en otras zonas y el poder político regional conservó una línea que conecta a la actual gobernadora con una etapa anterior de la historia minera de Bolívar.
La pregunta, entonces, ya no es solamente quién fue desplazado después de la intervención estadounidense. La verdadera pregunta es quién controla ahora el negocio y cuánto cambió realmente una estructura que ha demostrado sobrevivir a gobernadores, organizaciones criminales, operaciones militares y sucesivos repartos del poder.
Porque en el Arco Minero pueden cambiar quienes mandan. Lo que hasta ahora demuestra una extraordinaria capacidad para permanecer es el sistema construido alrededor del oro.
