Un informe elaborado por un oficial que trabajó durante años dentro de la estructura de seguridad del estado Bolívar señaló al exgobernador Francisco Rangel Gómez y al general Julio César Fuentes Manzulli por presuntos vínculos con negocios de oro y diamantes, suministro de armas y relaciones con grupos criminales que operaban en las zonas mineras del sur de Venezuela.
NOTICIAS LOCALES. Ciudad Bolívar, Venezuela
Durante años, el estado Bolívar fue escenario de denuncias relacionadas con minería ilegal, violencia, corrupción y expansión de organizaciones criminales alrededor de uno de los negocios más lucrativos de la región: la explotación y comercialización del oro.
En medio de ese entramado aparecen de manera reiterada dos nombres: Francisco Rangel Gómez, exgobernador de Bolívar, y Julio César Fuentes Manzulli, general que ocupó posiciones estratégicas dentro del aparato de seguridad regional.
Ambos fueron señalados en un extenso informe elaborado por el primer teniente del Ejército Jesús Leonardo Curvelo, quien trabajó durante años junto a Fuentes Manzulli y estuvo asignado a diferentes dependencias militares y gubernamentales de la entidad.
El documento describe una presunta estructura en la que habrían convergido funcionarios públicos y militares, compradores de oro, operadores privados y jefes de grupos criminales asentados en las zonas mineras.
El punto central de las acusaciones no era únicamente la existencia de organizaciones delictivas dedicadas a controlar territorios y explotaciones auríferas. El elemento de mayor alcance estaba en sus presuntas conexiones con funcionarios que ocupaban posiciones de poder y seguridad dentro del propio Estado.
Tabla de contenido
Fuentes Manzulli y el aparato de seguridad
Julio César Fuentes Manzulli ocupa un lugar central en las acusaciones.
Fue director de la Policía del estado Bolívar y secretario de Seguridad Ciudadana durante la administración de Francisco Rangel Gómez. También estuvo relacionado con operaciones gubernamentales en los municipios del sur, precisamente donde se concentraban importantes explotaciones mineras.
Su cercanía profesional durante años con el autor del informe constituye uno de los elementos sobre los cuales se sustenta el testimonio.
De acuerdo con la denuncia, Fuentes Manzulli mantenía relaciones con algunos de los llamados “pranes” que ejercían control sobre zonas mineras.
Los señalamientos no se limitaban a simples contactos. Esas relaciones habrían incluido protección, suministro de armamento y conexiones con funcionarios públicos.
Uno de los aspectos más delicados del documento se refiere precisamente a la circulación de armas hacia los territorios mineros.
Armas que habrían terminado en las zonas mineras
El informe sostiene que Fuentes Manzulli habría impartido instrucciones para retirar armamento procedente del Plan Desarme que se encontraba bajo custodia de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX).
Parte de esas armas habría sido trasladada posteriormente hacia poblaciones mineras del sur del estado Bolívar.
La denuncia menciona armas cortas y largas, incluidas AR-15, que presuntamente terminarían en manos de estructuras criminales asentadas en esas zonas.
También aparece documentado el caso de una subametralladora HK MP5 calibre 9 mm.
Según el testimonio, el arma habría sido entregada a Jesús Emmanuel Morocoima para ser trasladada hacia Tumeremo. Posteriormente se habría denunciado oficialmente su supuesto hurto desde un vehículo relacionado con Fuentes Manzulli.
La maniobra descrita habría permitido justificar administrativamente la desaparición de determinadas armas antes de que terminaran en poder de grupos irregulares.
El informe también señala la supuesta gestión de permisos de porte de armas para personas relacionadas con Fuentes Manzulli, entre ellas individuos vinculados con la compra de oro.
Las acusaciones planteaban así una contradicción especialmente delicada: mientras Fuentes Manzulli ejercía responsabilidades vinculadas con la seguridad regional, era señalado al mismo tiempo por presuntas relaciones con actores que operaban en territorios controlados por grupos criminales.
El oro en el centro de las acusaciones
El segundo elemento que atraviesa prácticamente toda la investigación es el oro.
Fuentes Manzulli habría mantenido relaciones comerciales con personas dedicadas a la compra y venta del mineral. Uno de los nombres que aparece en el documento es Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como “Juancho”, relacionado en la denuncia con operaciones de compra de oro.
Según el testimonio, entre ambos habría existido una relación de negocios vinculada con la comercialización del mineral.
Pero los señalamientos no se detienen en el responsable de seguridad.
La denuncia también alcanza al entorno del entonces gobernador y sostiene que Francisco Rangel Gómez y Julio César Fuentes Manzulli habrían tenido intereses relacionados con la compra de oro y diamantes.
En esas operaciones también es mencionado Francisco Rangel Escobar, hijo del gobernador. El documento asegura que parte de los minerales adquiridos posteriormente era comercializada fuera del país.
Se trata de acusaciones contenidas en el informe y no de una determinación judicial contra las personas señaladas.
Una presunta red de contactos
La estructura descrita habría permitido conectar a personas vinculadas con la actividad minera con funcionarios civiles y militares.
Fuentes Manzulli aparece señalado como supuesto enlace entre determinados dirigentes irregulares del sur de Bolívar y funcionarios de mayor jerarquía.
Entre los nombres mencionados figura el mayor general Efraín Velasco Lugo, quien ocupó responsabilidades dentro del Ministerio de Interior y Justicia.
La denuncia sostiene que Velasco Lugo habría intervenido para eliminar antecedentes policiales de “Juancho”, identificado dentro del documento como uno de los operadores relacionados con el negocio del oro.
También aparece el entonces teniente coronel Eduardo Gámez Flores, destinado en Santa Elena de Uairén, señalado como supuesto enlace con oficiales de la región en operaciones relacionadas con oro y diamantes.
Grandes cantidades de efectivo habrían sido movilizadas desde diferentes regiones del país para financiar estas actividades.
Parte del dinero y del oro producto de esas operaciones, según el testimonio, habría sido almacenado en una residencia del conjunto Loma Linda Country Club, en el municipio Caroní.
La estructura descrita, por tanto, trascendía a quienes explotaban o controlaban directamente las minas.
Dinero, poder regional y política
Las acusaciones alcanzaron también el manejo de recursos durante la administración de Francisco Rangel Gómez.
Uno de los episodios relatados ocurrió durante un viaje a Caracas en un avión del Ejecutivo regional.
Según el informe, Jesús Leonardo Curvelo acompañó a Fuentes Manzulli hasta la capital por instrucciones del entonces gobernador. El hecho fue situado en 2013, aunque lo relevante dentro de la denuncia es lo que supuestamente ocurrió posteriormente.
Tras aterrizar en el aeropuerto militar de La Carlota, se trasladaron hasta una vivienda ubicada en El Rosal, donde habrían recogido alrededor de 20 bolsos con dinero en efectivo y cajas con tarjetas de telefonía móvil.
Ese material, de acuerdo con el testimonio, sería distribuido en municipios del sur del estado Bolívar durante una campaña electoral.
El episodio fue incorporado como uno de los hechos presuntamente conocidos desde el interior de la estructura gubernamental regional.
Las 31 cajas que expusieron el entramado
Uno de los acontecimientos más relevantes para comprender el alcance de las acusaciones ocurrió cuando el oficial fue detenido en un punto de control de Upata mientras transportaba 33.034.920 bolívares en efectivo distribuidos en 31 cajas.
El hecho ocurrió en 2015 y, en principio, colocó al propio militar bajo investigación.
La Fiscalía lo relacionó, junto con el conductor del vehículo, con una organización criminal.
Su versión fue completamente diferente.
Aseguró que el dinero no le pertenecía y que estaba cumpliendo una orden directa de Julio César Fuentes Manzulli.
Según su declaración, el general le habría proporcionado tanto el vehículo como las cajas y ordenado transportar el efectivo desde Ciudad Bolívar hasta Tumeremo.
El destino del dinero sería una operación de compra de oro a través de Juan Gabriel Rivas Núñez, “Juancho”.
Esta versión volvía a colocar a Fuentes Manzulli en el centro de la operación y conectaba las 31 cajas con los negocios auríferos descritos en otras partes de la denuncia.
El origen estatal del dinero
La procedencia del efectivo añadió otro elemento particularmente sensible.
De acuerdo con el informe, la numeración de los paquetes de billetes permitió relacionar parte del dinero con organismos y empresas estatales como Mercal, PDVAL, Abastos Bicentenario y Gas Comunal.
El planteamiento del denunciante era que una cantidad de efectivo de esa magnitud y procedencia difícilmente podía movilizarse sin participación o autorización dentro del aparato estatal.
Durante la detención habría ocurrido además otro episodio.
El comandante del punto de control, teniente coronel Yusti Luna, supuestamente solicitó diez de las cajas a cambio de permitir que el vehículo continuara hacia Tumeremo.
Fuentes Manzulli habría llegado a comunicarse con el oficial. Al no producirse un acuerdo, la situación terminó siendo informada al Ministerio Público.
La detención de aquel vehículo y el hallazgo del efectivo adquirieron así una dimensión distinta dentro del informe: ya no se trataba únicamente de determinar quién transportaba el dinero, sino de establecer quién lo había entregado, de dónde procedía y para qué iba a ser utilizado.
Los señalamientos alcanzan directamente a Rangel Gómez
A partir de ese episodio, las acusaciones comenzaron a apuntar directamente tanto a Fuentes Manzulli como a Francisco Rangel Gómez.
El oficial detenido sostuvo que pretendían convertirlo en responsable de operaciones que, según su testimonio, formaban parte de una estructura mucho mayor.
También aseguró que el entonces gobernador tenía conocimiento de determinadas operaciones relacionadas con el traslado de armas hacia el sur del estado.
Otro episodio incluido en el informe relaciona la salida del general Juvenal Villegas de la comandancia de la Policía del estado Bolívar con su supuesta negativa a encubrir irregularidades que ocurrían en las poblaciones mineras.
Posteriormente fue designado el comisario Gerónimo Guerra, descrito en la denuncia como una persona que respondía a los intereses de Fuentes Manzulli, particularmente en las zonas mineras.
El documento situaba así a ambos funcionarios en espacios diferentes dentro del mismo escenario: Rangel Gómez desde el poder político regional y Fuentes Manzulli desde una posición estratégica dentro del aparato de seguridad.
Socios, propiedades y presuntos testaferros
Otro capítulo de las acusaciones aborda el patrimonio atribuido al entorno de Fuentes Manzulli.
La denuncia sostiene que se habrían utilizado socios y personas de confianza para mantener propiedades y empresas que presuntamente permitían dar apariencia legal a ganancias provenientes de negocios relacionados con el oro.
En el documento aparecen inmobiliarias, negocios vinculados con vehículos, actividades agropecuarias, viviendas y fincas.
Entre los presuntos socios o personas relacionadas se menciona a Manuel Rosales, Nelson López, un ciudadano colombiano conocido como “Fercho” y otra persona identificada como Castro.
También se relacionan determinadas propiedades con Patricia de las Nieves Velásquez Hernández, María Alejandra González Fernández y Ludmila de Lourdes Rojas de Fuentes.
Según la denuncia, estos bienes habrían estado relacionados con ganancias procedentes de actividades irregulares.
Las afirmaciones corresponden al contenido del informe y no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales sobre la propiedad o procedencia de esos activos.
De testigo interno a acusado
El oficial permaneció detenido durante más de cien días. Posteriormente recibió una medida de arresto domiciliario y terminó abandonando Venezuela.
Desde el exterior organizó la información acumulada durante sus años dentro de las estructuras militares y gubernamentales de Bolívar.
Su argumento era que la detención había servido para concentrar sobre él la responsabilidad por los más de 33 millones de bolívares y evitar que las investigaciones avanzaran hacia quienes, según denunciaba, se encontraban detrás de la operación.
El documento también contiene acusaciones sobre presuntos pagos relacionados con actuaciones judiciales del caso.
Entre ellos se menciona un supuesto pago de 10 millones de bolívares a Gilberto López, entonces presidente del Circuito Penal del estado Bolívar, además de otras cantidades que habrían sido entregadas a abogados.
El denunciante interpretó esas maniobras como parte de un intento por controlar el desarrollo de su expediente y evitar que la información que poseía llegara a conocerse.
Una denuncia que apuntó hacia la estructura de poder
Las acusaciones terminaron reunidas en 2016 en el documento “Denuncias, testimonios y pruebas sobre actos irregulares en el estado Bolívar y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, remitido al entonces diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar Américo De Grazia.
El informe condensó años de episodios, nombres y presuntas operaciones conocidas por su autor durante su paso por estructuras militares y gubernamentales de la región.
Más allá de las circunstancias que llevaron a Jesús Leonardo Curvelo a convertirse primero en detenido y posteriormente en denunciante, el alcance de su testimonio se encuentra en los funcionarios y en la estructura que decidió señalar.
En el centro aparecen Francisco Rangel Gómez y Julio César Fuentes Manzulli, dos figuras que durante años ocuparon posiciones estratégicas dentro del poder político y de seguridad del estado Bolívar.
Las acusaciones describen un escenario en el que el oro y los diamantes representaban el negocio; las armas contribuían al control de los territorios mineros; los grupos criminales ejercían poder sobre determinadas zonas; y funcionarios y conexiones institucionales habrían proporcionado, según la denuncia, protección y capacidad de operación.
Vistas desde esa perspectiva, las 31 cajas con más de 33 millones de bolívares dejan de ser una historia aislada. Se convierten en una de las piezas utilizadas para sostener una acusación de mayor alcance: la presunta convergencia entre poder político, estructuras de seguridad, intereses económicos alrededor del oro y organizaciones criminales que operaban en el sur del estado Bolívar.